"Biodiesel, política de Estado" Editorial de Héctor Huergo en Clarín Rural del 10 Mayo 2014

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A las petroleras les convenía más usar gasoil importado que biodiesel nacional.

El biodiésel volvió a ser protagonista esta semana. Con inusual apuro, el oficialismo activó el proyecto de ley anunciado hace quince días por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando inauguró la imponente planta de Renova en Timbués.

El hecho es importante en sí mismo, por lo que implica como estímulo al corte del gasoil con este biocombustible. Pero adquiere mucha mayor relevancia si se considera un hecho absolutamente atípico: el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el despacho conjunto de las comisiones de Energía y Presupuesto. Algo más que una curiosidad en estos tiempos de la política.

Sin embargo, hay un antecedente. Cuando hace diez años el Congreso debatió la ley de biocombustibles, logró un amplio consenso en Diputados, y unanimidad en el Senado.

En otras palabras: los biocombustibles parecen encaminarse a formar parte de una política de Estado. Ahora, referentes muy importantes del kirchnerismo, como el diputado Luis Basterra ( presidente de la Comisión de Agricultura) y el propio titular de la cámara baja, Julián Domínguez, fueron fuertes impulsores de la iniciativa en el Parlamento.

Pusieron mucho más entusiasmo que algunos diputados de la oposición, donde si bien defendieron la desgravación del biodiésel, plantearon algunas dudas sobre los biocombustibles.

Por ejemplo Martín Lousteau, célebre por la autoría de la resolución 125, que desatara el conflicto con el campo, ahora se pone de punta con los productores de maíz descalificando al etanol de cereales con argumentos falaces. Repite información del viejo mundo, donde la agricultura es cinco veces más costosa en términos energéticos que la nuestra, con la siembra directa, la biotecnología, los altos rindes y el aprovechamiento de la última gota de lluvia.

La ley en curso propone poner las cosas en su lugar en algo que no debería haber ocurrido. Los biocombustibles están eximidos del pago de impuestos internos, según la ley 26.043.

Sin embargo, por una interpretación de la Afip, están tributando el 42%, como los combustibles fósiles. Pero lo paradójico es que al sancionarse la ley de Presupuesto del 2014, se acordó exonerar de este impuesto al gasoil importado ( hasta 8 millones de metros cúbicos).

De esta manera, se generó el absurdo de desgravar la importación de gasoil, mientras se castigaba al biodiesel producido en el país. En estas condiciones, a las petroleras les convenía más utilizar gasoil importado que biodiésel nacional, a pesar de que éste era más barato que aquél.

Lo que ahora se espera es corregir esta tendencia, y cumplir con el corte al 10% anunciado por la conducción oficial en diciembre pasado. Esto significa mayor demanda de biodiésel, una cuestión fundamental para la ecuación de la cadena sojera, muy afectada por el cierre de la UE a las importaciones. Esto provocó un aumento de la oferta de aceite de soja crudo ( la materia prima del biodiésel) por parte de la Argentina, el mayor exportador mundial.

El equipo económico quería desestimular la producción de biodiésel, en la “inteligencia” de que de esta manera habría más aceite para exportar. El aceite paga el 32% de retenciones. Resultado: baja del 30% del precio del aceite de soja, pérdida de divisas y ninguna mejora de la recaudación.

El gobierno K anotó el error y ahora intenta salvarlo: no sólo se impulsa la desgravación interna con esta ley, sino que se redujo drásticamente el derecho de exportación del biodiésel, en un clarísimo intento por reactivar los embarques.

Notición y sorpresa para un sector que invirtió más de mil millones de dólares en los últimos cinco años para convertirse en el líder mundial del rubro.çLa cuestión es que, de pronto, el biodiésel junta a todos. Argentina año verde. Argentina Verde y Competitiva.